El 155

El tan traído y llevado artículo de la Constitución Española dice textualmente:

 “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. Fin de la cita, que diría aquel.
Hay una comunidad autónoma que a través de sus delegaciones en el exterior se afana por explicar a quien quiera oírles que España es un país de baja calidad democrática que les tiene oprimidos.

Hay una comunidad autónoma cuyos mandatarios explican día y noche que están preparando leyes, algunas de ellas secretas, para separarse de España.

Hay una comunidad autónoma que sostiene que el Estado le roba y que paralelamente se está endeudando hasta extremos peligrosísimos con ese mismo estado.

Hay una comunidad autónoma, uno de cuyos conspicuos representantes afirma que se están haciendo listas de afectos y desafectos a la causa independentista y que dispone de datos de los ciudadanos que ha obtenido de forma ilegal.

Hay una comunidad autónoma que incumple sistemáticamente las sentencias y los mandatos de los tribunales.

Hay una comunidad autónoma que presiona a los funcionarios para que abandonen su puesto de trabajo y acudan a respaldar a un mandatario procesado en el día de su juicio, lo cual no deja de ser una forma más de elaborar nuevamente listas de afectos y desafectos.

Creo que cualquier persona en su sano juicio consideraría que toda esta serie de acciones “atenta gravemente al interés general de España”. Y que como mínimo procedería efectuar el requerimiento al que se refiere el artículo citado al principio de este texto.

Cualquier persona en su sano juicio, a excepción de quienes nos gobiernan desde Madrid.

Se equivocan. Los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España, necesitamos escuchar de nuestro gobierno legítimo y democrático que todo está previsto, que todos los escenarios han sido estudiados, que existen tantos planes como sean necesarios para afrontar este desafío, que sólo es equiparable al que sufrió España el 23 de febrero de 1981. Ya no nos basta con las bien intencionadas e ingenuas apelaciones al diálogo y con las proclamas de seguridad absoluta en que el gobierno de autonomía se comportará con lealtad y respeto a la legalidad.

Ellos están explicando con toda claridad cómo piensan destruir el entramado legal de la nación española, y la nación misma. Los ciudadanos tenemos derecho saber, con tanto detalle como la más elemental prudencia permita, qué piensa hacer el gobierno de España para impedir que estas acciones, que nos llevan directamente al enfrentamiento civil, lleguen a consumarse. Necesitamos oír de nuestros gobernantes que se va a hacer todo lo necesario. Y que todo significa precisamente eso: todo.

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