Las cortas patas de las mentiras 

Del mismo modo que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, una mentira lo es aunque quien la sostenga ostente la presidencia de un gobierno regional. El presidente Puigdemont mintió descaradamente hace unos días al presentar en Twitter un dictamen de la comisión de Venecia como un varapalo, un tirón de orejas de la Unión Europea a España. 

En el colmo de la desfachatez, enlazaba la información de una de las centenares de publicaciones nacionalistas, en cuyo texto a su vez se enlazaba la resolución original en inglés. Con lo cual al engaño une el desprecio a sus seguidores, a los que supone incapaces de entender el texto inglés y por lo tanto de darse cuenta de que no solo no existe tal varapalo, sino más bien al contrario.

La comisión se pronuncia sobre la reciente reforma legal que permite al Tribunal Constitucional ser el ejecutor de sus propias resoluciones. Solo sobre ese extremo. Pero curiosamente empieza diciendo que cuando un funcionario desatiende los mandatos del TC o equivalente de su país está desobedeciendo la constitución misma, el poder constituyente, y puede ser compelido a respetarlos. Aquí tienen el fragmento en cuestión:

Y aquí el texto íntegro en inglés.

La única duda que la comisión plantea es si la ejecución de esas resoluciones de castigo a quien incumple deben ser aplicadas por el propio TC, en especial cuando el castigo implique la destitución o inhabilitación de cargos públicos. Y al respecto sugiere que para una perfecta apariencia de neutralidad sería aconsejable que la ejecución quedase en manos de otras instancias.

Como puede verse, una cuestión puramente formal, procedimental, que en nada cuestiona la capacidad y hasta la obligación de los órganos judiciales constitucionales de cada país para hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones y para adoptar medidas coercitivas, y que solo pone en duda la idoneidad, a efectos de salvaguardar su apariencia de objetividad, deba ser el propio TC el ejecutor.

El presidente regional de Cataluña, pues, miente a sus ciudadanos. Lo cual, claro, no constituye ninguna sorpresa en el contexto del proceso separatista, pero tratándose de un dictamen legal público de fácil verificación resulta especialmente sangrante y ofensivo. Esperemos que alguien se lo eche en cara en sede parlamentaria. Aunque ya se está ocupando el separatismo de moldear a su antojo los reglamentos del parlamento catalán para convertirlo en una simple caja de resonancia de los desvaríos secesionistas, cada vez más lejana de los mínimos exigibles a un parlamento democrático.

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