Un estado ¿voluntariamente?indefenso 

Habrá quien aún crea que el separatismo catalán va de farol. Habrá quien siga considerando (lo hizo ayer sin ir más lejos el diputado Sr. Girauta en un acto de Societat Civil Catalana) que el estado es una apisonadora que no se moverá un milímetro frente a los embates de los secesionistas. Pero lo cierto es que todos los hechos parecen indicar lo contrario, y cuidado porque es altamente probable que ellos jueguen con esa baza, la de que supongamos que no van a ser tan insensatos.
A los que tenemos alguna relación con el mundo del derecho nos preocupa especialmente de esta cuestión la aparente indefensión en que de forma incomprensible se halla el Estado. Y es que el tema va bastante más allá de que tengamos, ahora o en anteriores legislaturas, un gobierno más o menos inoperante, pasivo o indolente, que esa es otra cuestión. Lo verdaderamente importante es saber si, en el caso de que el desafío alcance sus últimas consecuencias, el Estado dispone de las herramientas necesarias para afrontarlo y, lógicamente, ganarlo.
Imagino que es innecesario aclarar que cuando hablo de herramientas no me refiero a divisiones acorazadas, que evidentemente el Estado las tiene. Me refiero a herramientas políticas y legales. Y ahí es cuando uno empieza a removerse incómodo en el asiento. Y es que es forzoso reconocer que aparentemente el Estado no está preparado para contrarrestar adecuadamente una ofensiva desde el interior de sus propias instituciones, con dinero público, con manipulación y retorcimiento de las leyes por parte de quienes deberían garantizar su cumplimiento, con la organización de giras por el extranjero para desacreditar al país de cuya legalidad emanan los cargos de quien lo hace, con la utilización como cobertura de masas de ciudadanos. Esto no es un ataque terrorista, ni la acometida de una potencia extranjera: es el Estado devorándose a sí mismo como si fuese presa del virus del ébola. La legislación no prevé eso, y las regulaciones sobre sedición, traición o rebelión parten de un concepto decimonónico y casi romántico, hablando de violencias y tumultos.
Esto tenía una solución relativamente fácil teniendo en cuenta el peso del factor humano: modificar el Código Penal de modo que quien intente subvertir el orden constitucional o alterar la integridad territorial del Estado, por los medios que fuere, arriesgue severas penas de cárcel, y no una ridícula y simbólica inhabilitación. Aznar intentó algo en ese aspecto, penalizando con más gravedad la convocatoria ilegal de consultas, pero solo curiosamente esa acción. Zapatero, cómo no, lo derogó en cuanto llegó al poder. De entonces a aquí el desafío ha ido creciendo exponencialmente: ¿no ha tenido tiempo el gobierno de turno para reforzar las defensas del Estado? ¿No se le ha ocurrido? ¿No ha sido capaz de ver la amenaza? ¿No se ha atrevido? Resulta tan inverosímil como si la Wehrmacht, avisada de los planes de desembarco aliado en las costas del Canal, no hubiese dispuesto defensa alguna. La única conclusión posible es que no se ha querido hacer, porque seguramente ha pesado siempre más el temor a no disponer, en caso de necesidad, del puñado de votos nacionalistas en el Congreso.
Y esta evidente y sorprendente, hasta para ellos, falta de consecuencias proporcionadas al destrozo que pretenden causar ha dado alas a los separatistas. En una evaluación de riesgos que contrapone a un lado de la balanza la gloria, el triunfo absoluto y, claro está, la impunidad que garantizaría la independencia, y en el otro una hipotética y casi risible inhabilitación, ¿cómo no lanzarse a por todas?
El nacionalismo no arriesga nada, ni a nivel personal ni colectivamente. Individualmente, ya se ha dicho, simples inhabilitaciones que en nada afectarían a quienes, de realizarse sus propósitos, ya no estarían sujetos a la legislación inhabilitadora. Y a nivel colectivo, porque nadie se ha permitido sugerir siquiera, ni en el plano teórico, que la apuesta fallida por la independencia pudiese acarrear la pérdida total o parcial, temporal o permanente, de la autonomía. Así, es normal que no hallen motivo alguno para retirar su desafío. El premio es infinitamente superior al riesgo. Y si a ello añadimos que el gobierno español atraviesa por momentos de extrema debilidad por la aritmética parlamentaria y por sus escandalosos vínculos con la corrupción, el momento es idóneo para llevar el reto hasta el final.
Ojalá acierten quienes todo lo fían al sólido edificio institucional español. Pero los tiempos han cambiado. Antes, por ejemplo y sin que por supuesto tenga nada que ver, un terrorista veía limitada su capacidad de actuación por la necesidad de garantizar su propia huida y supervivencia. El terrorismo suicida ha obligado a cambiar todas las políticas de seguridad al desaparecer ese factor y ser por tanto distinta la amenaza. No parece que la novedosa forma de desafiar el orden constitucional que hemos descrito más arriba haya provocado en el Estado un cambio en sus estrategias de defensa. Y eso puede ser un gravísimo error.

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