Que hagan la consulta

Lo sé, quien siga este blog pensará que he enloquecido o sucumbido a los embates de los indepes. Nada de eso. Todo lo contrario: cada día estoy más convencido de lo disparatado, suicida y peligroso de un planteamiento político, el del separatismo, que está arrasando con las reservas de sentido común y respeto a la legalidad que se nos suponía de siempre a los catalanes.

Pero para combatir el mal a veces conviene ser pragmático. Admitamos que ellos han tomado la iniciativa desde hace mucho, y que ahí el gobierno y las instituciones españolas han estado torpes, morosos e ingenuos. Que van ganando la batalla del vocabulario y de la imagen (y miren que resulta difícil teniendo entre sus filas y como líderes a personajes como Tardà, Homs, Rufián, Gabriel o Junqueras). No les regalemos una última victoria en ese terreno, como sería la de la terrible foto de la policía, la que sea pero bajo las órdenes del gobierno de Madrid, retirando urnas, precintando colegios o disolviendo colas de votantes plagadas de niños sonrosados con los labios todavía manchados por el chocolate del helado que constituirá el postre permanente de los catalanes.

No. Tomemos buena nota de todos y cada uno de los actos que realicen para la ejecución del referéndum que previamente habrá sido prohibido. Impugnémoslos todos. E iniciemos la acción legal correspondiente por prevaricación, por desobediencia y, sobre todo, por malversación para trasladar el coste de este despilfarro a quienes directamente lo estén ordenando. Hagámosles saber que este gasto ilegítimo lo pagarán, económica y penalmente, quienes lo ordenen. Pero no impidamos físicamente que jueguen a sacar urnas, a fabricar papeletas, a hacer pomposos recuentos y altisonantes declaraciones. Contabilicemos cada céntimo de ese dispendio en publicidad, en materiales, en dietas. Advirtamos a los funcionarios de que su participación puede tener consecuencias administrativas para ellos, que si acuden lo hacen en todo caso a título personal y sin que sus actos de ese día tengan la menor validez jurídica.

Y por supuesto hagamos saber a la ciudadanía que lo que el día uno de octubre convoque la Generalidad de Cataluña no es un referéndum, sino una charlotada y un despilfarro no sólo inútil, sino que quiebra la convivencia y la ley. Que no tiene validez legal alguna. Convenzamos a los partidos constitucionales de que no han de participar en ninguna votación del parlamento catalán que tenga que ver con esta cuestión, pero no absteniéndose ni votando en contra, sino ausentándose, y de que por supuesto no han de tomar parte en la campaña de propaganda, ni por el sí ni por la abstención. Que no hay que ir a votar. Persuadamos de que hay que ignorar el falso referéndum de modo que, si consiguen un resultado a la búlgara de un 99% de votos favorables con una participación del 30% y un censo más que dudosamente obtenido, su tan ansiada legitimidad internacional quede en agua de borrajas.

Pero no les hagamos el favor de regalarles la foto de la dulce jovencita estelada blandiendo una papeleta ante un antidisturbios acorazado y con pasamontañas. Ese sería el peor error y su victoria.

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