Ley, justicia, fuerza y política

Estas son las cuatro grandes palabras que van a marcar, están marcando ya, el curso y el desenlace del problema catalán. Las tres primeras forman un bloque inseparable, mientras que la cuarta va a resultar absolutamente necesaria cuando el desarrollo de las tres primeras llegue a su fin.

La ley. Estamos ante la curiosa situación de que un parlamento regional está dictando leyes y publicándolas en su boletín oficial. Vamos a pasar por alto en este momento, aunque no es baladí, que estas leyes se aprueban mediante el escandaloso atropello a la oposición que supone presentarlas alterando el orden del día a última hora, contra los dictámenes de los letrados de la cámara, dando apenas una hora para presentar enmiendas, eludiendo el informe del consejo de garantías estatutarias y rebasando de forma palmaria los límites, amplios por otra parte, de sus competencias legislativas. Hay por tanto dos poderes legislativos enfrentados, uno de los cuales legisla contra el otro.

La justicia. Ahí el estado gana por goleada a la comunidad autónoma. Todos los tribunales, desde el Constitucional hasta los de primera instancia, pasando por audiencias, superiores de justicia y el Supremo, vienen fallando sistemáticamente, sea de forma provisional o definitiva, contra las resoluciones y actos de la comunidad autónoma. Y se están empezando a activar los trámites de ejecución de algunas de sus resoluciones. Ahora bien, el gobierno y el parlamento autonómicos, y un buen número de alcaldes y cargos políticos, han manifestado ya su propósito de desacatar las resoluciones judiciales y declararse en rebeldía. Es insólito, es alucinante, es demencial, pero es lo que está sucediendo: una parte de la administración (y curiosamente, si me permiten la anécdota, la mejor pagada de España) manifiesta públicamente y sin pudor alguno que no piensa obedecer las órdenes de los tribunales, sí, esas mismas órdenes que usted y yo, del Rey abajo, tenemos la obligación lógica de acatar.

La fuerza. La coerción. La violencia, si quieren. Es decir, el medio que tiene la administración para imponer el cumplimiento de la legalidad. Digamos que el código de circulación es la ley, la multa es la justicia, y el embargo en caso de impago es la violencia, la coerción, la fuerza, porque me impele a hacer algo (pagar) que no hago voluntariamente. Cuando un ciudadano incumple la legalidad, desobedece una resolución judicial, el estado usa la fuerza para obligarle a acatarla, sea quitándole su dinero o bienes, sea privándole de derechos y hasta de la libertad. Y para conseguir esto puede llegar a utilizar la violencia física: reducir a un condenado, esposarle, golpearle o incluso utilizar armas de fuego para neutralizarle. A última hora la autoridad del estado se reduce a algo tan simple como eso: su capacidad para hacer cumplir las leyes, incluso utilizando la fuerza, ejercicio que llega a ser, más que un derecho, una obligación. Si el estado no es capaz de hacer cumplir sus disposiciones legítimas, simplemente deja de existir.

Se avecina por lo tanto el momento en que el estado tenga que hacer cumplir la ley a uno de sus propios brazos. Y como este brazo se ha declarado en rebeldía parece que no habrá más remedio que ejercer la fuerza, sea desalojando de sus puestos a cargos inhabilitados que se resistan a ello, sea dispersando grupos de personas que intenten presionar para la consecución de un objetivo ilegal, sea deteniendo a los responsables que los jueces señalen. Esto es paradójicamente lo que persiguen desesperadamente los dirigentes separatistas: que el estado ejerza la violencia. Porque en ese momento pueden pasar dos cosas: una, que el estado no tenga lo que hay que tener para usar toda su fuerza, en cuyo caso habrán ganado. O dos, que sí la ejerza, abriéndose de este modo otras dos opciones: que el orden se restablezca con el ejercicio moderado, quirúrgico y proporcionado de dicha coerción, o que se incendien las calles y la violencia se desate, en cuyo caso esto acabará como el rosario de la aurora. Hay que decir que ellos llevan ya meses ejerciendo la violencia en forma de coacción, de escrache, de señalamiento público, de insultos. Pero claro, todo eso ellos lo circunscriben al laxo ámbito de la libertad de expresión.

La violencia va a llegar a Cataluña. Y los separatistas van a intentar hacernos creer dos cosas: que ni la han ejercido ellos, ni la han buscado. Y ambas cosas son falsas: como he dicho antes, ellos llevan meses, por no decir años, ejerciendo violencia (asaltos a sedes, retratos con marcas de disparo, quemas de banderas, constituciones y fotos del Rey, invitación a terroristas, más lo ya comentado antes, incluida la violencia que supone cargarse las mínimas normas del funcionamiento de un parlamento). Y llevan bastantes meses buscando ansiosamente la respuesta violenta del estado, por la sencilla razón de que su disparatado proyecto precisa de un elemento de distracción que ponga el foco en otro lugar distinto al de los dislates jurídicos y los atropellos a la democracia formal que están cometiendo. Y les resultaría altamente conveniente que las agencias de prensa pudiesen retransmitir imágenes de policías españoles reprimiendo violentamente a ciudadanos catalanes. Y sí, es duro decirlo, pero alguna víctima accidental convendría enormemente a sus fines. La violencia entra en sus planes, forma parte de ellos a estas alturas, porque es la única y dramática salida que les queda. Dudosa y arriesgada, pero el que a estas alturas no haya entendido que los dirigentes separatistas están dispuestos a todo, absolutamente a todo, se equivocará. No es casual que se diga que cientos de agitadores de toda Europa se dirigen a Barcelona, probablemente convocados por las CUP, para participar en la tensión callejera que empezará el 11 de septiembre y durará como mínimo hasta el día uno de octubre.

Así que sí, el problema catalán traerá sin duda violencia, en un grado u otro, y esa violencia habrá sido propiciada y será aprovechada por los propios separatistas. No perdamos de vista, por cierto, el elemento fundamental que es saber cuál será la respuesta de la policía autonómica a la hipotética orden de detener a un alto cargo de la Generalidad. Es más, en caso de desobedecerla, ¿llegará tan lejos su entrega a la causa como para intentar impedir por la fuerza que otro cuerpo policial ejecute la orden?

Y la política. Cuando todo esto acabe, de una manera u otra, será la hora de la política. Si se ha conseguido conjurar el desafío y, con la dosis de fuerza que sea estrictamente necesaria, se han restablecido el orden, la legalidad y la democracia en Cataluña, habrá que sentarse a considerar cómo se ha llegado hasta aquí y cómo evitar que algo así pueda repetirse, en Cataluña o en cualquier otra zona de España. Y probablemente habrá que modificar leyes y hasta la Constitución, pero será el momento de hacer entender a los políticos que esa reforma no ha de ser precisamente en el sentido de una mayor descentralización, sino de garantizar unos mínimos (yo incluso desearía algo más que eso) de cohesión nacional.

Y, si son ellos los que ganan el desafío, habrá que aprender a gestionar políticamente el caos y a actuar como debe de hacerlo un estado que se habrá visto privado por la fuerza de un 20 % de su territorio, población y PIB, y que verá como el nuevo estado rebelde se niega a asumir su deuda y se incauta en cambio de los bienes del estado en Cataluña por valor de centenares de millones de euros. Es decir, habrá que lidiar políticamente con todas las consecuencias con un estado abiertamente hostil y que además ya ha anticipado reivindicaciones territoriales sobre Valencia o Baleares.

Vienen en todo caso tiempos muy, muy difíciles. Todos vamos a hacer falta. No podemos dejar exclusivamente en manos del estado la defensa de nuestros derechos y de la ley. Nos necesitamos mutuamente, cada uno en la justa medida de sus posibilidades. Es la hora decisiva.

 

 

 

 

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