Un primer balance

Pues habrá que hacer balance. Hasta aquí, porque esto no ha acabado.

Primera evidencia: lo que se produjo ayer en Cataluña es cualquier cosa menos un referéndum. Ni legal ni ilegal: no ha reunido ni remotamente las condiciones mínimas para ser tenido en cuenta más de lo que lo son las movilizaciones del 11 de septiembre de cada año, solo que esta vez con ciertas dosis de violencia. Ni censo, ni papeletas oficiales, ni sobres, ni urnas transparentes (alguna se ha caído camino del lugar de votación y se ha visto que venía llena, aunque los portadores dicen que eran papeletas sin marcar y que solo la usaban como transporte), ni citación a los votantes, ni sindicatura electoral, ni comunicación oficial de lugares de votación, ni convocatoria de miembros de mesa, ni garantías a la hora de votar (hay multitud de ejemplos grabados de niños votando, de gente haciéndolo varias veces, de otros presentando documentación falsa…), ni seguridades en el recuento… No, decididamente esto no ha sido un referéndum. Ha sido una movilización bien urdida y dirigida claramente a generar enfrentamientos.

Segunda evidencia: la tan cacareada colaboración entre cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y autonómicas no existe. Es más, la policía autonómica he desobedecido las órdenes judiciales, ha facilitado el voto e incluso se ha encarado con los nacionales. Cuidado con eso, porque hay 17.000 efectivos armados con los que ahora ya sabemos que no se puede contar, o al menos no tan relajadamente como pretendían hacernos creer. Entre la ley y el pueblo de Cataluña, eligen el pueblo. Peligroso en un cuerpo policial. Peligroso para España, sí, pero también peligroso para una ciudadanía que en lo sucesivo ha de saber que su policía puede decidir no obedecer a los jueces, sino a sus jefes políticos.

Tercera evidencia: la votación en sí no tenía la menor importancia para los partidos separatistas, a la vista de que han prescindido de cualquier intento de dotarla de una mínima seriedad. Hasta el punto de que en el mismo día han comunicado cambios legales que evidentemente ni siquiera se han publicado en el boletín oficial. Otra vez peligroso: para España, pero también para los ciudadanos catalanes que parecen querer un gobierno que cambia las reglas del juego arbitrariamente y sobre la marcha. Un reportaje dice que se han incumplido 20 de los 38 artículos de la propia ley del referéndum. No está mal para una gente que se empecina en presentarse ante el mundo como el paradigma de la democracia. El resultado, por lo tanto, nada importa: es más, seguramente está prefijado ya desde hace días.

Cuarta evidencia: la colaboración ciudadana con las acciones del gobierno central no ha existido, o ha sido mínima. Si no, no se explica que durante meses no se hayan podido localizar las urnas, conocer los colegios, incautar documentación (recordemos que las primeras incautaciones han sido apenas dos semanas antes de la cita, y que el número de urnas previamente confiscadas apenas ha llegado a cien). Es muy difícil organizar una movida de esta envergadura de toda Cataluña en completo secreto si no hay una complicidad muy extendida entre la sociedad, y un pasotismo muy notable entre los no afectos a la causa independentista.

Quinta evidencia: han vuelto a ganar la batalla de la imagen, y de forma absolutamente gratuita. Desde columnas de coches de la Guardia Civil retirándose entre pedradas y gentes vociferantes, hasta policías aporreando a ciudadanos, la imagen del Estado ha quedado hecha añicos. Sí, hay quien dice que ya era inevitable mostrar autoridad y que no se podía dejar que se repitiese otro 9N. Pero en mi opinión ha sido peor el remedio que la enfermedad: una vez desactivada la logística del referéndum (que debió desmantelarse mucho más a fondo y por medios más imaginativos y modernos como por ejemplo impedir el recuento, sabotear medios informáticos, etc.) probablemente no era necesario intervenir como se ha hecho. El gobierno no ha sabido impedir a tiempo el referéndum y se ha visto abocado a mandar sus fuerzas de seguridad a auténticas ratoneras, verdaderas trampas mediáticas. Estoy convencido de que había otros medios, visibles y subterráneos (si no, ¿para qué están los servicios secretos?) para que todo acabase en un estupendo ridículo y no en una heroica insurrección. No había que regalarles esas imágenes que, con razón o sin ella, escandalizan a muchos ciudadanos y políticos democráticos de nuestro entorno. Ya no hablo de los heridos que se multiplican sospechosamente según avanzan las horas, y de las fotos que recogen heridos que, oh milagro, ya lo fueron en otros actos hace años.

Sexta evidencia, continuación de la anterior: el gobierno de España ha gestionado lamentablemente esta crisis. No la de hoy, sino el proceso completo. El grifo del dinero lo cerró Montoro hace apenas diez días, después de aseverar que estaba seguro de que ni un céntimo había podido ir a financiar la ilegalidad. En ese momento, evidentemente, ya estaba todo pagado por una vía u otra. El tan temible coronel de la Guardia Civil que iba a coordinar a todos los cuerpos policiales ha sido vilmente burlado por los Mossos. Los consejeros supuestamente dialogantes han firmado como un solo hombre los decretos de convocatoria. No se ha conseguido quebrar la voluntad de un solo miembro notable del bloque separatista. Políticos, policías, funcionarios, profesores, directores de instituto, párrocos, repartidores de alimentación que ocultan urnas entre su mercancía… El Estado no ha conseguido imponer una mínima dosis de respeto, salvo quizá en la semana en la que se detuvo a unos cuantos lugartenientes de Junqueras. Y eso aún fue peor, porque si bien se atisbó un cierto cambio de tendencia, en cuanto se disipó el humo pudo comprobarse que las filas separatistas permanecían intactas en número y moral de combate.

El 155, que no implica la suspensión de la autonomía, ni mucho menos la total, pudo empezar a plantearse de forma gradual mucho antes y todo esto se hubiese evitado. Ha faltado mano izquierda, astucia, diálogo (ojo, no con los separatistas, sino con los demás), presión, persuasión. Ha faltado visión de Estado. En definitiva, nos gobierna un oscuro registrador de la propiedad sin la menor creatividad ni iniciativa política. Y ese no es el perfil que se necesitaba, ni seguramente tampoco el que se necesitará en los próximos meses.

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