El majestuoso vuelo de la gallina

Ayer en el Congreso de los Diputados los partidos del llamado bloque constitucionalista ofrecieron uno de esos espectáculos que suponen un insulto al votante medio. Evidentemente excluyo a Podemos, de quien no vale la pena ocuparse porque ya sabemos lo que son y lo que pretenden. Quedémonos con los tres partidos que, en una España democrática y sensata, deberían tener posibilidades de formar gobierno en la combinación que deseen: el PP, Ciudadanos y el PSOE.

Resulta que Ciudadanos plantea una iniciativa para que la Cámara proclame su apoyo al Gobierno ante el golpe separatista en Cataluña. Cualquiera en su sano juicio puede intuir que un experimento así hay que llevarlo a la Cámara ya bien atado, porque en caso de fracaso el estropicio es muy considerable, ya que da alas precisamente a los golpistas al escenificar la división de quienes deberían estar unidos. El caso es que Ciudadanos no consigue el consenso del PSOE, que plantea al parecer dos enmiendas al texto: una de apoyo a los alcaldes acosados por los separatistas (que imagino no supuso problema alguno para los de la formación naranja) y otra en la que se anima a una salida dialogada y pactada al conflicto catalán. Esta segunda matización Ciudadanos no la acepta, porque sabemos que los de Rivera están por que en Cataluña se cumpla la ley como punto de partida para todo. Como por otra parte debería hacer el PSOE.Aquí empieza la torpe partida de ajedrez. Ciudadanos mueve sus fichas confiando en que a última hora el PSOE, en la tesitura de votar con el PP y con C’s o con PdeCat, Bildu, Podemos, ERC et altri, se verá literalmente forzado a alinearse con el bando de la ley, la democracia, la constitución. Y plantea la moción sin aceptar enmiendas.
Pero el PSOE hoy no es simplemente el PSOE centenario, sino el engendro que Pedro Sánchez está construyendo con el único objetivo de comerle unos cientos de miles de votos a Podemos para a continuación, con los restos de esta misma formación, expulsar al PP del poder, objetivo último y único de su visionario secretario general. Total, que por asombroso que parezca el PSOE decide alinearse con esa patulea de partidos antisistema (todos los citados lo son si aceptamos como “sistema” el ordenamiento constitucional español) antes que manifestar, oh cielos, su apoyo al Gobierno en una moción que, esta sí, quedaría para la posteridad, negro sobre blanco, en el diario de sesiones, blindada ante matizaciones posteriores en emisoras de radio.
De modo que lo que se pretendía una muestra de unidad del bloque constitucional frente al golpe separatista acaba en un naufragio total, con culpas repartidas: las de Ciudadanos, por haber lanzado este órdago sin tenerlo cerrado, a estas alturas de la película y conociendo los riesgos importantes del fracaso. Y las del PSOE por no haber estado a la altura de lo que se espera de un partido con larga experiencia parlamentaria. Vamos a ver: si te meten un gol lo encajas, reaccionas e intentas meter dos más en la primera ocasión. Pero la imagen final del PSOE votando contra el Gobierno y junto a los golpistas catalanes, a los de Podemos, a Bildu… Eso es devastador para el sistema y para el propio PSOE. Es como perder un partido de penalti injusto en el último minuto: una lástima, una injusticia, pero es lo que queda para la estadística. Y eso es lo que quedará para posteridad: la foto del PSOE con los antisistema, porque en definitiva el PSOE de Sánchez, como Podemos, no cree en la natural y sana alternancia en el poder entre socialistas y conservadores, sino que aspira a expulsar del poder a la derecha, y a nada más. Y para eso cree que todo le vale.
¿Error por bisoñez parlamentaria o acción maliciosa de Ciudadanos? Criticables ambas posibilidades, por sus consecuencias que debieron haber evaluado. Pero el PSOE no tiene excusa: optó por cerrar filas, si me lo permiten, con “el eje del mal”, cuando pudo optar por abstenerse o por exponer en su intervención las reservas a su apoyo tal y como estaba planteada la moción, pero dejando claro que, en estos momentos críticos, es preciso estar con el Estado, que no con el Gobierno necesariamente.
Dos beneficiarios tiene este desastre: uno, los separatistas, aunque con la que hoy les está cayendo encima creo que no van a poder aprovecharlo más allá de las patochadas de Rufián. Dos, Rajoy, que queda una vez más como lo más parecido a un gobernante fiable que tenemos hoy en España. Increíble, ¿verdad? Pues eso es lo que han conseguido Ciudadanos y PSOE con su política de vuelo gallináceo, colocando los intereses partidistas por delante de los de la Nación. Al lado de dos gallinas sin cabeza, una gaviota gorda, vieja y sucia acaba pareciendo un águila imperial. Felicidades, muchachos
Yo soy Rajoy y disuelvo hoy mismo las Cortes alegando esta falta de apoyo. Y en las elecciones los barro. Literalmente. No merecen otra cosa.

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Muchos calzoncillos para tan pocos culos

Dicen que Pla, ante un arrebato independentista anterior, despachó el tema indicando que sí, que Cataluña fabricaba muchos calzoncillos, pero que no tenía tantos culos. En otras palabras, que los industriales que coqueteaban con la secesión debían de plantearse a quién demonios le venderían su producción en caso de perder un mercado que les compraba por aquel entonces su mayor parte.Los catalanes de hoy deberían de plantearse algo similar. No, no se engañen: no es solo un problema de los empresarios, los capitalistas, los banqueros o las grandes fortunas, no. Ya sé que mola mucho imaginárselos con graves problemas, pero el que así actúa olvida que el mal de esos poderosos acaba llegando multiplicado por cien a los de abajo. Invariablemente.

De modo que sí, a usted, pequeño ciudadano catalán de la fiel infantería, empleado en precario o fijo, autónomo, botiguer, profesional o empresario, le afecta mucho en qué acabe quedando todo esto. El hecho, por ejemplo, de que La Caixa tenga el 70 % de su negocio fuera de Cataluña. O el Sabadell, con un porcentaje muy similar. Estas entidades, por si usted no lo sabe, han adoptado ya sus medidas estatutarias para poder trasladar sin problemas sus domicilios sociales (y fiscales, claro) fuera del territorio catalán. Y de hecho algunas de sus filiales o satélites ya tienen sede en Madrid. Ellos sobrevivirán, claro. Pero, ¿cree usted que una caída brutal de la cifra de negocio de esas entidades financieras no repercutiría en sus plantillas?

Amplíe estos ejemplos extremos a decenas de empresas mucho menos sólidas que venden el grueso de su producción en territorio español, pero fuera de Cataluña. Boicot, aranceles, cambio de monedas, caída en picado de la posibilidad de obtener financiación en los mercados, probable incremento brutal de impuestos para cubrir la previsible caída de ingresos públicos dado que muchas empresas se rebelarán y seguirán pagando sus impuestos a la Hacienda española. ¿Cuántas medianas y pequeñas empresas están en condiciones de sobrevivir en un entorno tan azaroso? ¿Cuántos de esos festivos catalanes que participan alegremente en los juegos florales de la ANC trabajan para alguna de esas empresas? O para sus proveedores, porque claro está, una situación de este tipo es como lanzar una piedra en un estanque: la onda acaba llegando muy lejos de donde cayó la piedra.

Piensen. Piensen en todo eso antes de jugar tan inconscientemente con las leyes y con la democracia. La ilusión está muy bien, sí. Y la aventura. Pero, ¿y la estabilidad? ¿Arriesgaría usted su estabilidad familiar por una aventura incierta? ¿Arriesgaría usted su estabilidad profesional y laboral por una aventura insensata?

 

 

 

Que no se vayan de rositas

El referéndum del uno de octubre va a ser un fiasco. Eso lo sabemos todos. Nosotros y ellos. Todo quedará en la cara que ponga Puigdemont al final de la jornada: más triunfalismo y más victimismo, a partes iguales. Pero no  se podrá votar en toda Cataluña, no hay las mínimas garantías democráticas (la propia Generalidad se ha ocupado de triturarlas descartando una participación mínima, desnivelando descaradamente la balanza de la propaganda, etc.), a quince días vista no se sabe dónde estarán los colegios electorales, los ciudadanos no han recibido las citaciones para formar las mesas… No, no habrá un referéndum digno de tal nombre; tan solo una performance de desobediencia y frustración. Aun así, eso no será, parafraseando a Churchill, “el final, ni siquiera el principio del fin, pero quizá sea el final del principio”.
Luego habrá que hacer política, sí. Pero también habrá que actuar, y mucho, contra los autores de este inmenso desaguisado cuyas consecuencias últimas, igual que las de un ciclón tropical o un tsunami, tardarán tiempo en poderse evaluar con precisión.

Por eso pienso que los ciudadanos deberíamos propiciar desde ahora un proceso de exigencia de responsabilidades, de toda índole. Conocemos a nuestra clase política. Ellos son lo primero, siempre y en toda ocasión. El chalaneo y el intercambio de cromos y favores es su tradicional especialidad. En cuanto los separatistas sediciosos vean el abismo del fracaso abrirse a sus pies, empezará la desesperada carrera por, y perdónenme la expresión, salvar el culo. Negociemos, ni vencedores ni vencidos, hay que escuchar a Cataluña, nos podéis necesitar en el Congreso para aprobar presupuestos o formar mayorías, ya saben, lo de siempre, más de lo mismo.

Personalmente, y aunque sé que eso no vale para nada, me niego rotundamente a que esto acabe así y los culpables, en primera línea o en una acomodada segunda fila, salgan impunes del más grave desafío a la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. Han malversado dinero de los ciudadanos en cantidades astronómicas, han quebrado la convivencia, han fracturado la sociedad catalana para lustros, comprado voluntades y medios, han desobedecido sentencias, desacatado leyes, desestabilizado nuestra imagen internacional y por tanto nuestras perspectivas de solvencia, han descuidado durante años el ejercicio de las competencias que les corresponden, han robado mediante comisiones de proveedores, han triturado la credibilidad democrática de las instituciones catalanas, han pisoteado los derechos de la oposición, amenazado a personas y entidades, han ocultado información, han planificado y desarrollado una auténtica sedición desde el poder y aprovechándose de él, han excluido de la vida pública a la mitad de los catalanes, han injuriado a nuestras autoridades, del Rey abajo, y a nuestros símbolos, han denigrado la imagen de España en el exterior a través de sus delegaciones… Puedo seguir, pero básicamente serían variaciones sobre un mismo tema.

Todo eso no puede quedar diluido en un proceso más o menos tormentoso de diálogo. Hay unos autores, perfectamente identificados, de todo este descomunal y peligrosísimo estropicio. No podemos permitir que queden impunes: por una cuestión de justicia, pero también porque ello sería la garantía de que el maldito proceso tomase de nuevo vida en breve. Es precisa una auténtica causa general (sí, soy consciente de las connotaciones que este término tiene) que reconstruya la verdadera magnitud, política, social y económica del proceso de sedición desde el momento histórico que se determine. Está todo documentado, afortunadamente: solo es cuestión de recoger y organizar las piezas. Legislación, discursos, programas, artículos, hechos… Todo está en las hemerotecas y es cuestión de sistematizarlo. Tarea ingente, sin duda, que seguramente podría encomendarse a una organización constituida al efecto con los medios suficientes. Hay que desmontar definitivamente el edificio de la mentira y del victimismo y ponerles en evidencia. Que luego sigan existiendo unos cientos de miles que no quieran rendirse a la evidencia es algo con lo que tendremos que convivir. Y por supuesto, si de esa “causa general” se deriva la existencia de ilícitos penales, que se trasladen a la fiscalía.

No a la impunidad. Empecemos a recordarlo antes de que sea tarde y los enjuagues entre partidos lo sepulten todo bajo toneladas de “diálogo”. ¿Diálogo en política? Siempre. Pero primero restablecimiento del estado de derecho, del imperio de la ley y de la democracia en Cataluña. Y que los culpables paguen y se sepa la verdad de este movimiento “que surgió desde el pueblo”. Es tan sencillo como seguir la pista del dinero, de las inmensas sumas pagadas en subvenciones y ayudas y propaganda a entidades y medios afines. Una enorme telaraña de proveedores y facturas que han regado durante décadas el discurso separatista.

Hay mucho trabajo por hacer. ¿Quién se anima?

 

 

Selfies obscenas

Hago esfuerzos por entender ciertos mecanismos mentales que inspiran al nacionalismo. Los sentimientos, el engaño continuado por parte de fuentes gubernamentales que deberían ser fiables, la inoperancia del otro bando, la ilusión, la crisis, los recortes, e incluso la convicción sincera y hasta idealista de que la independencia de Cataluña será la panacea… Puedo llegar a entender, aunque no lo comparta, que un buen número de personas, empujada de buena fe por todos o por una mezcla de algunos de estos elementos, se quiera lanzar a una aventura para ellos ilusionante, para mí insensata.
Pero hay un punto que ni puedo ni quiero comprender, ni aceptar serenamente. He visto, con ocasión de la última Diada, a bastantes personas haciéndose selfies con Arnaldo Otegi, que por los buenos oficios de los organizadores se convirtió en invitado estrella de la celebración en la ciudad en la que ETA cometió la mayor de sus masacres, dirigida además a civiles absolutamente indefensos.

Ya es miserable que un terrorista con la condena cumplida como tal, es decir, sin el beneficio de la presunción, sea convertido por unos políticos irresponsables en protagonista de las mayores muestras de apoyo al proceso separatista. De esos políticos podemos esperar últimamente lo peor, en su desenfrenada carrera hacia el abismo. Pero la gente, la ciudadanía… Sin medias tintas: ¿qué clase de mierda han inoculado en la mente de estos ciudadanos (por llamarlos de alguna manera) catalanes, para que se empujen por retratarse junto a un secuestrador, dirigente de una banda de asesinos que jamás ha mostrado el menor arrepentimiento?

Solo hay un factor que pueda explicarlo: el odio. El odio a un enemigo común que es España y son los españoles. Un odio cuidadosamente cultivado durante lustros y que ha carcomido hasta los cimientos de la conciencia y de la moral de toda una serie de gente. No he logrado leer ni una sola muestra de rechazo hacia la presencia de este siniestro personaje como adalid del proceso separatista y del referéndum. Es la viva representación de aquello de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Dicho de otro modo, si Jack el Destripador apoyase el proceso, se convertiría en protagonista de programas televisivos y sería aclamado por las calles de Barcelona. Del mismo modo que viejos amigos de Cataluña, simbólicos incluso, pasan a ser denigrados si osan criticar el proceso o sus formas. Qué digo amigos de Cataluña: incluso catalanes de pro han sido denostados y repudiados. Pero aparece el terrorista y se retratan con él. ¿Qué demonios explicarán a sus hijos o nietos cuando les pregunten quién ese ese señor que está con la abuelita en la foto? ¿Un luchador por la libertad en una España que lleva 40 años siendo una democracia? ¿O simplemente un amigo de Cataluña? Ya lo dijo un tal Strubell hace un tiempo en twitter: ¿realmente importaría si quien nos condujese a la independencia fuese un criminal? Lo esencial es el objetivo: esa independencia que todo lo purifica y legitima.

Asco. Asco es lo único que puedo sentir hacia esa gente, esa gentuza. Ya ni siquiera pena por ellos, mentes podridas y perdidas para el bien. Pero sí pena por la sociedad que han contribuido a construir y de la que esos comparsas del terrorista sonriente son los más depurados ejemplares. Háganse a partir de ellos una idea de cómo sería el nuevo país.

La burguesía catalana y la revolución 

Ese ente mitológico llamado alta burguesía catalana nunca le ha hecho ascos a un buen golpe de estado. De hecho, ha respaldado e incluso financiado todos los que en España pueden recordarse con tal de, una vez disipado el humo de los disturbios y cumplidos los engorrosos trámites de enterrar a los muertos, poder volver a sus mansiones (discretas, eh, nada que ver con la ostentación cinegética de esos madrileños) con nuevos privilegios económicos, mayor proteccionismo y nuevas oportunidades de negocio.En general, esos golpes sirvieron para restablecer el orden social tan caro a esa clase tan enormemente pagada de sí misma, cuyo apoyo a los mismos siempre era pese a todo vergonzante, como temiendo mancharse las manos con esos espadones que, en última instancia, tenían que acudir a poner orden en el caos y a salvar sus vidas y haciendas ante las amenazas anarquistas, socialistas o comunistas.

No es de extrañar, por tanto, que esta vez también hayan apoyado durante tanto tiempo a quienes les prometen el oro y el moro, una solvencia nunca vista al no tener que mantener a esos pobres del sur, un reconocimiento internacional que rozaría la veneración, el control absoluto de una administración soberana sin la molesta servidumbre de tener que pedir audiencia en Madrid. Eso es lo que en definitiva les prometía el clan Pujol y sus acólitos: en un país tan pequeño estaba garantizado que toda la prole de las 400 familias quedase colocada en puestos de relumbrón: ministros, embajadores, magistrados, subsecretarios los más tontos… Habría presupuesto para todos. Y colocados ellos, qué fáciles serían los negocios con esas mismas familias. Tener que bregar por abrirse paso hasta lo más alto en un país grande como España es mucho más complicado y cansado, incluso para esa casta superior, que encontrárselo todo hecho sin salir del Paseo de Gracia, moviéndose en un país no ya de siete millones de habitantes, sino de 400 familias.

El problema es que algo parecen no haber aprendido estos habitantes del Olimpo, o lo están aprendiendo tarde: los golpes de estado, como casi todo, hay que dejárselos a los profesionales. La degeneración de la clase política catalana ha sido tal en los últimos años que el presunto golpe ha acabado tomando los derroteros, como bien dice Arcadi Espada en su artículo de este domingo en El Mundo, de una auténtica revolución. En vez de restablecer la legalidad, se violenta hasta dejarla reducida a un guiñapo. En lugar de ofrecer seguridad jurídica se engendran auténticos monstruos legislativos que espantan a la más elemental razón. Y muy al contrario de lo que el sentido común indica, se deja la iniciativa del movimiento en manos de los grupos antisistema.

De pronto cunde el pánico. “Escolta, Josep… ¿seguro que podremos controlar a “esta gente” una vez hayamos consumado la independencia? Oye, que están hablando de expropiar la Catedral de Barcelona. Que quieren salir de la Unión Europea y de la OTAN, y dar papeles a todos los refugiados. Que son comunistas. Que apoyan a los okupas. Que se reúnen con Otegui. Y has visto el aspecto que tienen… No sé, estoy preocupado por nuestros ‘estalvis’”. “Tranquila, Montserrat: ya lo saqué todo hace semanas”. “Ah, menos mal. ¿A Suiza?”. “No. A Madrid”. Ah. Mira. Voy a ver si encuentro aquella foto que te hicieron con el Rey Juan Carlos. Es que cuando vino Artur a cenar la escondí”.

Como suele decirse, disfruten lo votado. O esperen a la Guardia Civil. No suele defraudar.

 

Ley, justicia, fuerza y política

Estas son las cuatro grandes palabras que van a marcar, están marcando ya, el curso y el desenlace del problema catalán. Las tres primeras forman un bloque inseparable, mientras que la cuarta va a resultar absolutamente necesaria cuando el desarrollo de las tres primeras llegue a su fin.

La ley. Estamos ante la curiosa situación de que un parlamento regional está dictando leyes y publicándolas en su boletín oficial. Vamos a pasar por alto en este momento, aunque no es baladí, que estas leyes se aprueban mediante el escandaloso atropello a la oposición que supone presentarlas alterando el orden del día a última hora, contra los dictámenes de los letrados de la cámara, dando apenas una hora para presentar enmiendas, eludiendo el informe del consejo de garantías estatutarias y rebasando de forma palmaria los límites, amplios por otra parte, de sus competencias legislativas. Hay por tanto dos poderes legislativos enfrentados, uno de los cuales legisla contra el otro.

La justicia. Ahí el estado gana por goleada a la comunidad autónoma. Todos los tribunales, desde el Constitucional hasta los de primera instancia, pasando por audiencias, superiores de justicia y el Supremo, vienen fallando sistemáticamente, sea de forma provisional o definitiva, contra las resoluciones y actos de la comunidad autónoma. Y se están empezando a activar los trámites de ejecución de algunas de sus resoluciones. Ahora bien, el gobierno y el parlamento autonómicos, y un buen número de alcaldes y cargos políticos, han manifestado ya su propósito de desacatar las resoluciones judiciales y declararse en rebeldía. Es insólito, es alucinante, es demencial, pero es lo que está sucediendo: una parte de la administración (y curiosamente, si me permiten la anécdota, la mejor pagada de España) manifiesta públicamente y sin pudor alguno que no piensa obedecer las órdenes de los tribunales, sí, esas mismas órdenes que usted y yo, del Rey abajo, tenemos la obligación lógica de acatar.

La fuerza. La coerción. La violencia, si quieren. Es decir, el medio que tiene la administración para imponer el cumplimiento de la legalidad. Digamos que el código de circulación es la ley, la multa es la justicia, y el embargo en caso de impago es la violencia, la coerción, la fuerza, porque me impele a hacer algo (pagar) que no hago voluntariamente. Cuando un ciudadano incumple la legalidad, desobedece una resolución judicial, el estado usa la fuerza para obligarle a acatarla, sea quitándole su dinero o bienes, sea privándole de derechos y hasta de la libertad. Y para conseguir esto puede llegar a utilizar la violencia física: reducir a un condenado, esposarle, golpearle o incluso utilizar armas de fuego para neutralizarle. A última hora la autoridad del estado se reduce a algo tan simple como eso: su capacidad para hacer cumplir las leyes, incluso utilizando la fuerza, ejercicio que llega a ser, más que un derecho, una obligación. Si el estado no es capaz de hacer cumplir sus disposiciones legítimas, simplemente deja de existir.

Se avecina por lo tanto el momento en que el estado tenga que hacer cumplir la ley a uno de sus propios brazos. Y como este brazo se ha declarado en rebeldía parece que no habrá más remedio que ejercer la fuerza, sea desalojando de sus puestos a cargos inhabilitados que se resistan a ello, sea dispersando grupos de personas que intenten presionar para la consecución de un objetivo ilegal, sea deteniendo a los responsables que los jueces señalen. Esto es paradójicamente lo que persiguen desesperadamente los dirigentes separatistas: que el estado ejerza la violencia. Porque en ese momento pueden pasar dos cosas: una, que el estado no tenga lo que hay que tener para usar toda su fuerza, en cuyo caso habrán ganado. O dos, que sí la ejerza, abriéndose de este modo otras dos opciones: que el orden se restablezca con el ejercicio moderado, quirúrgico y proporcionado de dicha coerción, o que se incendien las calles y la violencia se desate, en cuyo caso esto acabará como el rosario de la aurora. Hay que decir que ellos llevan ya meses ejerciendo la violencia en forma de coacción, de escrache, de señalamiento público, de insultos. Pero claro, todo eso ellos lo circunscriben al laxo ámbito de la libertad de expresión.

La violencia va a llegar a Cataluña. Y los separatistas van a intentar hacernos creer dos cosas: que ni la han ejercido ellos, ni la han buscado. Y ambas cosas son falsas: como he dicho antes, ellos llevan meses, por no decir años, ejerciendo violencia (asaltos a sedes, retratos con marcas de disparo, quemas de banderas, constituciones y fotos del Rey, invitación a terroristas, más lo ya comentado antes, incluida la violencia que supone cargarse las mínimas normas del funcionamiento de un parlamento). Y llevan bastantes meses buscando ansiosamente la respuesta violenta del estado, por la sencilla razón de que su disparatado proyecto precisa de un elemento de distracción que ponga el foco en otro lugar distinto al de los dislates jurídicos y los atropellos a la democracia formal que están cometiendo. Y les resultaría altamente conveniente que las agencias de prensa pudiesen retransmitir imágenes de policías españoles reprimiendo violentamente a ciudadanos catalanes. Y sí, es duro decirlo, pero alguna víctima accidental convendría enormemente a sus fines. La violencia entra en sus planes, forma parte de ellos a estas alturas, porque es la única y dramática salida que les queda. Dudosa y arriesgada, pero el que a estas alturas no haya entendido que los dirigentes separatistas están dispuestos a todo, absolutamente a todo, se equivocará. No es casual que se diga que cientos de agitadores de toda Europa se dirigen a Barcelona, probablemente convocados por las CUP, para participar en la tensión callejera que empezará el 11 de septiembre y durará como mínimo hasta el día uno de octubre.

Así que sí, el problema catalán traerá sin duda violencia, en un grado u otro, y esa violencia habrá sido propiciada y será aprovechada por los propios separatistas. No perdamos de vista, por cierto, el elemento fundamental que es saber cuál será la respuesta de la policía autonómica a la hipotética orden de detener a un alto cargo de la Generalidad. Es más, en caso de desobedecerla, ¿llegará tan lejos su entrega a la causa como para intentar impedir por la fuerza que otro cuerpo policial ejecute la orden?

Y la política. Cuando todo esto acabe, de una manera u otra, será la hora de la política. Si se ha conseguido conjurar el desafío y, con la dosis de fuerza que sea estrictamente necesaria, se han restablecido el orden, la legalidad y la democracia en Cataluña, habrá que sentarse a considerar cómo se ha llegado hasta aquí y cómo evitar que algo así pueda repetirse, en Cataluña o en cualquier otra zona de España. Y probablemente habrá que modificar leyes y hasta la Constitución, pero será el momento de hacer entender a los políticos que esa reforma no ha de ser precisamente en el sentido de una mayor descentralización, sino de garantizar unos mínimos (yo incluso desearía algo más que eso) de cohesión nacional.

Y, si son ellos los que ganan el desafío, habrá que aprender a gestionar políticamente el caos y a actuar como debe de hacerlo un estado que se habrá visto privado por la fuerza de un 20 % de su territorio, población y PIB, y que verá como el nuevo estado rebelde se niega a asumir su deuda y se incauta en cambio de los bienes del estado en Cataluña por valor de centenares de millones de euros. Es decir, habrá que lidiar políticamente con todas las consecuencias con un estado abiertamente hostil y que además ya ha anticipado reivindicaciones territoriales sobre Valencia o Baleares.

Vienen en todo caso tiempos muy, muy difíciles. Todos vamos a hacer falta. No podemos dejar exclusivamente en manos del estado la defensa de nuestros derechos y de la ley. Nos necesitamos mutuamente, cada uno en la justa medida de sus posibilidades. Es la hora decisiva.

 

 

 

 

Lo que mal empieza, mal acaba.

Creo que es sabido que no soy nacionalista. Que considero que la secesión de Cataluña no tiene base jurídica, ni social, ni económica, ni histórica, ni política. Pero bueno. Voy a hacer abstracción de eso por esta vez y a suponer que me dirijo a alguien que de corazón cree que la independencia de Cataluña es un objetivo deseable, que no odia a España y que tiene convicciones democráticas.

Aceptando ese punto de partida, es decir, que la independencia de Cataluña pudiese ser algo deseable, le formularía a ese hipotético interlocutor una serie de preguntas:

  1. ¿No cree sinceramente que una consulta para decidir algo tan trascendental para Cataluña, España y Europa debería celebrarse bajo unas garantías excepcionalmente exigentes? Duración de la campaña, neutralidad de la administración convocante, igualdad de espacios en los medios para todas las opciones, exigibilidad de un porcentaje elevado de participación, necesidad de una mayoría cualificada,…
  2. ¿No le parece que si eso no es así el nuevo estado nacería gravemente tocado? Es decir, una independencia proclamada tras una consulta con apenas dos semanas de campaña, con una implicación masiva de la Generalitat a favor del sí, con una escasa participación… ¿no generaría muchas dudas sobre el propio resultado y sobre la gobernabilidad del nuevo estado? ¿Imagina una nueva nación con un casi nulo reconocimiento internacional y solo con el respaldo explícito de, por ejemplo, el 30 % del censo?
  3. ¿Es verdaderamente consciente de que, con toda seguridad, de momento y por tiempo indefinido Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea? Es más, ¿sabe que las CUP, una de las formaciones abanderadas de la independencia, es firme partidaria de dicha salida y por lo tanto, una vez fuera, abogará por el no ingreso?
  4. ¿Cree honestamente que no ha habido voluntad de diálogo por parte del gobierno de Madrid? ¿No le parece que en los términos en que la Generalitat ha planteado la cuestión Madrid no tenía opción real de negociar nada, y por tanto esa supuesta voluntad de diálogo catalana era falsa? ¿No es más cierto que solo han estado dispuestos a negociar el cómo y el cuándo, pero no el qué? Y si es así, ¿no le parece, de verdad, que eso no es una negociación?
  5. En serio, ¿piensa que Cataluña es una tierra expoliada y oprimida por España? ¿Se ha parado a pensar en detalles tales como que el presidente de la Generalitat cobra casi el doble que el del gobierno de España? ¿Ha estudiado con algún detalle las balanzas fiscales que la Generalitat presenta? ¿Se ha fijado, por ejemplo, en que no incluyen partida alguna para defensa y asuntos exteriores? ¿Está plenamente seguro de que será tanto el ahorro que Cataluña podrá pagar su propio ejército, sostener su sistema de seguridad social, etc. sin subir los impuestos, al menos de momento, de manera brutal, dada la imposibilidad de financiarse en los mercados tradicionales?
  6. Siguiendo en la hipótesis de que la independencia pudiese ser una buena idea, ¿de verdad cree que los guías adecuados para llevar a Cataluña hasta ella son estos gobernantes? ¿Puigdemont, Turull, Junqueras, Gabriel…?
  7. ¿Es usted consciente de que tanto la convocatoria del referéndum como la ley de transitoriedad son inconstitucionales, y por tanto ilegales? Y si aun así las respalda, ¿sabe por tanto que está dando apoyo a un golpe institucional contra un ordenamiento de un país democrático de la Unión Europea? ¿Le parece una manera aceptable de iniciar una andadura para un país que se pretende precisamente europeo y democrático?
  8. ¿Alguna vez le han explicado que la Constitución española no es una cárcel, sino una ley que como cualquier otra puede ser modificada siguiendo sus propios cauces? Seguramente le hayan dicho que no, que no se puede modificar para conseguir los fines que se proponen los independentistas. Es mentira. Sí se puede. Lo que ocurre es que se requieren, lógicamente, unas mayorías elevadas. ¿No se ha preguntado por qué los dirigentes separatistas nunca han intentado siquiera agotar esa vía, aunque solo fuese para poder justificar su propuesta alternativa? ¿Por qué, durante estos años, nadie ha presentado una propuesta de modificación constitucional seria? Ah, ¿porque no se podría sacar adelante por falta de votos? Claro, pero es que en eso consiste la democracia, ¿no?
  9. ¿Le parece razonable que para aprobar la declaración de independencia en el parlamento de Cataluña se exija una mayoría más reducida que la que hace falta para modificar el propio estatuto de autonomía?
  10. Si hubiese un referéndum y ganase el no, ¿qué supone usted que pasaría? ¿Volverían a plantearlo una y otra vez hasta que ganase el sí, o regresarían con la cabeza gacha a conformarse con su autonomía? ¿Puede vivir un país en esta incertidumbre permanente? ¿Es bueno para la economía, para la inversión?
  11. ¿Le parecería a usted aceptable que una parte de Cataluña decidiese unilateralmente desgajarse del resto de la comunidad? ¿No le parece lógico que tal decisión requiriese el consentimiento del conjunto de los catalanes? Entonces, ¿por qué supone que España ha de tolerar sin más que la priven del 20 % de su población, territorio y PIB sin que sus ciudadanos puedan ser oídos?
  12. ¿Es consciente de que nuestro gobierno autonómico ha hecho absoluta dejación de sus obligaciones y competencias y que lleva años sin gobernar, volcado en un objetivo ilegal? ¿Le parece legítimo gastar los impuestos de todos los ciudadanos de esta forma, habiendo otras prioridades? ¿No sería más legítimo apurar las posibilidades de la autonomía y trabajar con tiempo y tesón para concitar voluntades y apoyos dentro de España tal y como se está haciendo fuera? ¿No cree que en toda esta urgencia hay mucho de personal huida hacia delante de unos políticos que en materia de corrupción no tienen nada que envidiar a los del resto de España?
  13. ¿No cree que los gobernantes catalanes han perdido de vista la realidad cuando dicen que no acatarán una posible inhabilitación? ¿Podría usted como ciudadano permitirse desobedecer una resolución judicial?
  14. Por último, aunque podríamos seguir durante horas, ¿es verdaderamente consciente de la profunda fractura social que se va a crear en Cataluña (también en España, por supuesto, pero especialmente en Cataluña) con ocasión de esta decisión unilateral e ilegal? ¿Compensa realmente ese objetivo el riesgo enorme que se corre? Y por qué no decirlo, ¿sabe usted que el gobierno de España se verá obligado, sí, obligado, a restablecer el imperio de la ley en Cataluña por todos los medios a su alcance? Porque imagino que estará de acuerdo conmigo en que si la Generalitat está en su opinión legitimada y mandatada para hacer lo que está haciendo, el gobierno de España lo está con mucha más claridad para ejercer una autoridad y una legalidad reconocidas internacionalmente. ¿Tan insostenible es la situación como para arriesgarse a un enfrentamiento de consecuencias previsibles y probablemente trágicas?

Y ahora, en serio, si ha tenido la paciencia y consideración o curiosidad de leer hasta aquí, ¿de verdad piensa ir a votar el uno de octubre?